La investigación por la muerte de una bebé recién nacida en Quimilí incorporó un nuevo imputado. La Justicia acusó y citó a declaración a Diego Chicote, médico de guardia del Hospital Zonal, en el marco de una causa que ya cuenta con otros profesionales bajo la lupa por presuntas irregularidades en la atención brindada a la madre y a la niña.
De acuerdo con lo dispuesto por la Justicia, existen “elementos suficientes e indicios vehementes” que permiten sospechar de la posible participación del médico en los hechos investigados, motivo por el cual fue convocado a prestar declaración en calidad de imputado.
La abogada querellante, Ivana Sánchez, señaló que la imputación contra Chicote se fundamenta en una demora que calificó como “irrazonable” en el traslado de la madre, Yesika Mejía Madera, quien se presentó en el hospital con un cuadro que requería atención urgente y la realización de una cesárea inmediata.
Según detalló la letrada, al momento del hecho el hospital de Quimilí no contaba con quirófano operativo ni con el servicio de maternidad habilitado. En ese sentido, afirmó que la paciente debió haber sido derivada de urgencia apenas ingresó al centro de salud, alrededor de las 8 de la mañana.
Sin embargo, sostuvo que la mujer permaneció en una sala de espera aguardando una ambulancia que debía trasladar también a otros pacientes, lo que habría generado una demora cercana a las tres horas.
Cuando finalmente se inició el traslado hacia la Capital para el nacimiento, el viaje habría sido interrumpido a mitad de camino, ya que la ambulancia regresó para buscar a otras personas.
En ese contexto, la bebé nació mediante un parto natural que, de acuerdo con la hipótesis de la acusación, no era el procedimiento indicado y habría derivado en su fallecimiento.
Además de Chicote, la investigación también alcanza a los médicos Carlos Abel Zárate y Maximiliano Chávez, sobre quienes la querella solicitó que sean imputados. Para la representante de la familia, ambos tendrían una responsabilidad clave por la atención previa que recibió la madre antes del desenlace fatal.
Sánchez explicó que días antes del parto la mujer se había realizado ecografías que evidenciaban una amenaza de parto prematuro. En ese marco, sostuvo que la conducta médica adecuada era disponer la internación inmediata y programar una cesárea, considerando además que la paciente residía a unos 200 kilómetros de un centro de mayor complejidad. “Si la internaban y la estabilizaban, la niña estaría viva”, afirmó, citando conclusiones de peritos de parte.
Cabe recordar que, previamente, ya habían sido imputadas una obstetra y una enfermera en relación con el mismo hecho.
08-05-26 Fuente: diariopanorama.com
