BRASILIA.- “Considero que ella [Agostina Páez] desmoralizó al poder judicial de Río de Janeiro”. Con esta definición tajante, Carlos Nicodemos, abogado del Centro de Articulación de Poblaciones Marginalizadas (CEAP) y especialista en Derechos Humanos, explicó la motivación central de la organización para haber solicitado su ingreso en el proceso penal por injuria racial contra la abogada argentina. El caso, que ya se encontraba en una instancia avanzada de definiciones técnicas, se vio sacudido en los últimos días por la solicitud inesperada de esta histórica ONG brasileña para actuar como amicus curiae (amigo del tribunal).

Bajo esta figura legal, la organización no busca una participación meramente protocolar. Su objetivo es aportar una visión técnica robusta y endurecer la postura del magistrado Guilherme Duarte, del Tribunal Penal N° 37 de Río de Janeiro, en la resolución definitiva del caso, explicaron a LA NACION miembros del CEAP.

La joven argentina de 29 años, procesada por injuria racial tras haber sido filmada imitando a un mono frente a empleados de un bar del barrio de Ipanema el 14 de enero pasado, aguarda en la Argentina el dictado de una sentencia definitiva. Para el CEAP, el hecho de que la abogada santiagueña espere el fallo en su país de origen constituye una afrenta directa a la Justicia y transmite un mensaje equivocado a la sociedad.

Fundado en 1989, el CEAP no es un actor improvisado en el campo de los derechos civiles en Brasil. La organización reúne a representantes de la comunidad afrodescendiente y del movimiento de mujeres, con la misión de combatir la vulneración de los derechos fundamentales de los sectores históricamente más postergados. A lo largo de décadas se consolidó como una institución independiente, enfocada en la implementación de políticas públicas contra la discriminación racial.

La ONG ha sentado precedentes históricos al litigar contra gigantes tecnológicos como Google y Spotify en casos vinculados con la intolerancia. En esta oportunidad, la estrategia de la entidad, definida bajo el concepto de “litigio estratégico”, apunta a evitar que el sistema judicial convierta un acto de odio en un mero incidente turístico.

El punto novedoso que el CEAP podría introducir ante los tribunales de Río radica en la naturaleza de la reparación que debería recibir la parte damnificada. Hasta el momento, la discusión económica gira en torno a un resarcimiento equivalente a 120 salarios mínimos para las víctimas, lo que representa unos US$39.000 al cambio actual. Sin embargo, la organización rechaza de plano que el caso se cierre con un acuerdo exclusivamente monetario, al considerarlo insuficiente frente a la magnitud de la ofensa.

En caso de que el magistrado acepte al CEAP dentro del expediente, su recomendación será impulsar una sanción más severa. La organización propone obligar a Páez a financiar proyectos sociales específicos y de alcance transnacional contra el racismo y la xenofobia, con la participación activa de la sociedad civil de ambos países.

“Buscamos una indemnización por el daño moral a la víctima, pero también una reparación colectiva a la sociedad brasileña”, explicó a LA NACION Nicodemos. El objetivo final es que la sentencia tenga un impacto profundo en la necesidad de “reordenar una cultura” que aún relativiza el racismo tratándolo como si fuera un simple “malentendido”.

Para Ivanir dos Santos, coordinador del CEAP, en Brasil persiste una brecha preocupante entre la letra de la ley y su aplicación efectiva. “La ley se endurece en el texto, pero se ablanda en la práctica”, afirmó el activista. Según la organización, el sistema judicial brasileño ha sido hasta ahora más diligente para restituir el “confort” de la acusada que para reparar la dignidad de las víctimas. Esa asimetría —advierten— termina instalando la idea de que “denunciar cansa más de lo que resuelve”.

Uno de los aspectos que más indignación generó en el CEAP es la interpretación del entorno familiar de Páez. Parten de la premisa de que el insulto racista ocurrido en Ipanema no fue un exabrupto individual, sino una conducta aprendida y convalidada en su ámbito íntimo. Esa lectura se apoya en las imágenes virales de Mariano Páez, quien repitió el gesto racista imitando a un mono al momento del regreso de su hija al país.

Esa actitud fue interpretada como una naturalización del agravio original. “El fruto no cae lejos del árbol. El racismo no nace solo en el individuo, nace en la familia”, afirmó Dos Santos.

Para el CEAP, el fallo debe ser firme y consistente, sin dejar margen a interpretaciones que deriven en impunidad en función del perfil socioeconómico de la acusada, sostienen sus integrantes.

El juez Duarte otorgó un plazo que vence el próximo jueves para que el Ministerio Público se pronuncie sobre la inclusión de la entidad en el expediente. Aunque no es habitual admitir a una ONG en la primera instancia de un proceso penal, desde la organización confían en que, dada la relevancia social y la repercusión internacional del caso, la Justicia permitirá su participación.

La decisión que adopte el magistrado la próxima semana será determinante. Definirá si el proceso se resuelve mediante un resarcimiento económico rápido o si, por el contrario, se profundiza el debate sobre la sanción que debe recibir Páez.