23 de Abril, 2026-El gobierno pretendía la eliminación del programa social, al considera ineficiente o insostenible.

El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, diseñó una reestructuración profunda de la asistencia social, con la idea de reemplazar transferencias directas de dinero por mecanismos de capacitación laboral. La lógica, al menos en teoría, responde al pago de menos subsidios, a cambio de más formación y más empleo.

   Pero, en un país con altos niveles de informalidad laboral y pobreza estructural, eliminar de golpe programas que garantizan ingresos básicos no es una decisión menor. Es como quitar el piso mientras alguien todavía está tratando de aprender a caminar. Ese es precisamente el punto de tensión que detonó el conflicto judicial.

   Todo dio un giro inesperado cuando el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, emitió una medida cautelar que obligó al Estado a mantener el programa "Volver al Trabajo". Esta decisión no solo frenó la eliminación del plan, sino que también puso en pausa una parte clave de la estrategia social del gobierno.

   El fallo ordena explícitamente continuar con los pagos durante mayo de 2026, dando al Ministerio de Capital Humano un plazo de tres días para cumplir. En caso de incumplimiento, se establecieron multas económicas diarias, lo que convierte la resolución en algo más que una simple recomendación judicial: es una orden con consecuencias concretas.

Fundamentos legales 

   El juez basó su decisión en principios constitucionales fundamentales. Uno de los más relevantes es el de "no regresión de derechos", que impide al Estado eliminar beneficios sociales sin ofrecer una alternativa equivalente. Además, se consideró que la interrupción abrupta del programa vulnera derechos básicos como la alimentación y la seguridad social.

   No es un detalle menor. En términos jurídicos, este argumento coloca el debate en un nivel estructural: no se trata solo de política pública, sino de derechos humanos. Y eso eleva la vara de cualquier decisión estatal.

El reclamo de los trabajadores

   Detrás de este fallo hay historias concretas. No se trata de números abstractos, sino de personas que dependen de este ingreso para subsistir. El amparo colectivo fue presentado por cinco trabajadores de la economía popular, representados por organizaciones sociales, quienes argumentaron que la eliminación del programa los dejaba en una situación crítica.

   Los demandantes forman parte de sectores históricamente relegados: vendedores ambulantes, cartoneros, trabajadores de comedores comunitarios. Personas que, en muchos casos, no tienen acceso al empleo formal ni a otras redes de contención.

   El punto central del reclamo fue claro: sin el programa, no hay ingreso. Y sin ingreso, no hay forma de garantizar necesidades básicas. El juez coincidió con esta visión, señalando que el corte del beneficio fue "abrupto e irrazonable", especialmente en un contexto de crisis socioeconómica. 

Qué es el programa Volver al Trabajo

   El programa "Volver al Trabajo" nació como una evolución de planes sociales anteriores, con el objetivo de acompañar a personas sin empleo formal en su reinserción laboral.

   Creado en 2024 mediante decreto, el programa buscaba combinar asistencia económica con herramientas de capacitación. La idea era brindar un puente entre la informalidad y el empleo registrado.

   Alcanza a aproximadamente 900.000 personas en todo el país, una cifra que muestra su enorme impacto social. ([Todo Noticias][3]) Es, en términos prácticos, una de las políticas públicas más masivas del sistema de asistencia argentino.

   Hablar de "Volver al Trabajo" es también hablar de dinero. Cada beneficiario recibe una asignación mensual de $78.000, un monto que, aunque modesto, representa un ingreso que puede ayudar con los gastos del hogar. Por ejemplo, actualmente se pueden comprar  tres garrafas de gas de 10 kg.

   El valor del subsidio está congelado desde diciembre de 2023, lo que implica una pérdida significativa frente a la inflación. Aun así, sigue siendo esencial para cubrir necesidades básicas.

   El fallo que obliga a mantener el programa no es solo una decisión judicial: es un punto de inflexión en el debate sobre el rol del Estado en la protección social. En un país donde la informalidad y la pobreza son desafíos estructurales crecientes, y cada política pública tiene un peso enorme. 

Fuente: diarionorte.com