La discusión sobre el financiamiento de la salud en Medellín suma un nuevo capítulo.La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) negó tener una deuda activa con el Hospital General de Medellín, pese a los señalamientos de la Alcaldía y la Secretaría de Salud, que hablan de un faltante de $22.900 millones, cifra revelada por el alcalde Federico Gutiérrez.

Según la entidad nacional, no existe ninguna obligación de pago pendiente.Por el contrario, aseguró que esos recursos ya fueron girados y afirmó, en una publicación en X, que el hospital “deberá aclarar por qué aparece esta deuda en sus estados contables”.

https://twitter.com/AdresCol/status/2044472352327499810?s=20

Incluso indicó que solo en lo corrido de 2026 ha transferido cerca de $58.000 mil millones al hospital, y que los giros al sistema en Medellín y Antioquia se han realizado de manera oportuna dentro del esquema de financiación.

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“Solo para Medellín, los recursos reconocidos de manera oportuna para financiar la UPC de los afiliados al sistema de salud ascienden a $12,86 billones de pesos, $5,81 billones en 2025, una cifra 7,1 % superior que la de 2024, cuando fue de $5,43 billones. En lo que va de 2026, ese rubro supera los $1,62 billones”, agregó la ADRES en un comunicado.

Sin embargo, desde el nivel local la versión es distinta. La Secretaría de Salud de Medellín ha sostenido que sí existe una obligación pendiente, lo que evidencia un choque de interpretaciones sobre las cuentas entre la Nación y el territorio.

Esta clase de controversias no es nueva. Desde 2025, la Adres ha defendido que el sistema opera con giros anticipados y que no adeuda recursos ni a EPS ni a prestadores, mientras distintos actores del sector advierten sobre problemas estructurales en el flujo de dinero y la cartera acumulada.

La disputa ocurre en medio de una situación crítica para la red hospitalaria de Medellín. La ciudad declaró urgencia hospitalaria y ha denunciado un presunto incumplimiento en los pagos del sistema que estaría afectando la operación de clínicas y hospitales.

De hecho, el Tribunal Administrativo de Antioquia abrió un incidente de desacato contra funcionarios del Gobierno nacional —incluido el director de la Adres— por el presunto incumplimiento de órdenes relacionadas con el flujo de recursos para la salud.

Según la Alcaldía, las deudas acumuladas con hospitales públicos y privados podrían ascender a más de $2 billones, lo que está generando congestión en los servicios hospitalarios y poniendo en riesgo la atención a los usuarios.

En ese contexto, el alcalde Gutiérrez también pidió a la Fiscalía investigar posibles responsabilidades penales ante lo que calificó como una crisis humanitaria derivada del colapso del sistema de salud en la ciudad.

El fondo del asunto parece ir más allá de los números. Mientras la Adres insiste en que los recursos sí han sido girados y que el problema podría estar en la contabilidad o en la conciliación de cuentas, las autoridades locales y algunos prestadores advierten que los hospitales siguen enfrentando dificultades de liquidez.

La pregunta clave sigue abierta: ¿dónde está la plata que hace falta?

Por ahora, la contradicción entre versiones refleja una tensión mayor entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales, justo cuando el sistema enfrenta uno de sus momentos más críticos en Medellín.

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