Conflictos internos contra grupos rebeldes, lucha contra el narcotráfico, militarización de la seguridad interna y dictaduras que coordinaron sus policías secretas y fuerzas armadas contra sectores de la oposición son elementos que componen el mapa histórico de las desapariciones forzadas en América Latina.

El concepto engloba cualquier forma de privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado, o con la aquiescencia de este, además de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad y el ocultamiento del paradero o suerte de la persona desaparecida.

En su página web, Naciones Unidas señala que "la desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos". La definición agrega que "la sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad".

"En América Latina no hubo necesariamente más desapariciones forzadas que en otras partes del mundo, pero en la región sí se desarrolló en primer lugar su práctica sistemática, es decir, masiva y generalizada", explica a DW Ariel Dulitzky, director de la Clínica de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos.

El experto, que integró el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, indica que otra diferencia entre América Latina y el resto del mundo radica en que las desapariciones forzadas de las décadas de 1970 y 1980 en el Cono Sur "se dieron en un contexto de cooperación regional a través de la Operación Cóndor, que involucró a varios países (Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay y Chile) que coordinaron sus servicios de inteligencia y fuerzas armadas para perpetrar desapariciones de manera conjunta, todo esto basado en la Doctrina de la Seguridad Nacional, que era diseminada y apoyada por los Estados Unidos".

El aumento de la criminalidad vinculada a grupos de narcotraficantes llevó al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a declarar un conflicto armado interno en enero de 2024. Esto facilita el despliegue masivo de las Fuerzas Armadas para cumplir labores de seguridad pública, "a pesar de que esto contraviene estándares y normas de derecho internacional y que ha dado lugar a denuncias de graves violaciones de derechos humanos", según un reporte de Amnistía Internacional.

Billy Navarrete, director del Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos (CDH) de Ecuador, dice a DW que la militarización ha ido de la mano con opacidad cada vez que se ha judicializado un caso de violación a los derechos humanos. "La respuesta suele ser la reserva de la información sobre la identificación de las patrullas y sus integrantes señalados como perpetradores de estos hechos", denuncia.

El especialista también afirma que otra reacción característica de los organismos del Estado cuando se reportan abusos como las desapariciones forzadas es acusar a los demandantes de "hacerle el juego al crimen organizado". "Esto significa una criminalización de las familias de las víctimas relacionándolas con las bandas criminales", sostiene.

Navarrete explica que en todos los casos que ellos han investigado "hay evidencia de acción de funcionarios de seguridad pública, concretamente militares, porque aquí los perpetradores son siempre las Fuerzas Armadas". Asimismo, revela que tras darse a conocer el escabroso caso de los cuatro niños de Las Malvinas de Guayaquil, desaparecidos en diciembre de 2024, tras ser detenidos por militares y hallados sin vida posteriormente, salieron a la luz otros testimonios que habían permanecido ocultos debido a lo que llama "intimidación generalizada".

Lo que sucede en Ecuador y la crisis de desaparecidos en México son actualmente los dos mayores dolores en esta materia en la región. Pero las heridas del pasado siguen abiertas y todavía afectan a quienes siguen buscando a sus familiares, muchos de ellos desaparecidos hace décadas.

Por ello, son tan relevantes las comisiones de verdad que distintos países han puesto en marcha. "Estas comisiones son muy importantes para establecer lo que ha sucedido, cómo se desarrolló la práctica de la desaparición forzada, quiénes fueron las víctimas y quiénes fueron los perpetradores, qué responsabilidad hubo de los distintos sectores del Estado y qué responsabilidad hubo de la sociedad en su conjunto. Eso es muy importante, tanto para cerrar heridas como para prevenir futuras violaciones de los derechos humanos", apunta Ariel Dulitzky.

En el caso ecuatoriano, Navarrete reconoce especialmente el trabajo realizado por la unidad de Uso Ilegítimo de la Fuerza de la Fiscalía. "Son investigadores que están dedicados a vigilar y examinar presuntas graves vulneraciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública en general, dentro del contexto de la militarización". El problema es, sin embargo, que para todo el país hay apenas ocho funcionarios. Y eso acrecienta el riesgo de impunidad.

"La mayor atención que ha habido en América Latina a las desapariciones forzadas se debe al trabajo sostenido de los familiares de los desaparecidos, que han desarrollado un movimiento único de resistencia y demanda de verdad, justicia y reparaciones", sostiene Dulitzky, que menciona los casos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina y la Vicaría de la Solidaridad en Chile.

Para el académico argentino de la Universidad de Texas, el mejor antídoto para evitar las violaciones a los derechos humanos es la democracia. Estos crímenes "requieren del secreto, la falta de transparencia y la falta de acceso a la información, de modo que todo lo que contribuya a ser un Gobierno y un Estado más transparente, eficiente, con rendición de cuentas, ayuda a prevenir las desapariciones forzadas", explica.

(rml)