De acuerdo con el estudio del Observatorio Venezolano de la Diáspora (ODV), basado en una encuesta a 1.204 venezolanos residentes en el exterior, solo 12 por ciento de los consultados manifestó planes concretos de regresar dentro de los próximos dos años. Por su parte, la evaluación de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), basada en una encuesta realizada en seis países de la región —Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Chile y Guatemala— encontró que apenas un 9 por ciento tenía planes de retorno a Venezuela dentro de los próximos 12 meses.

Ambos estudios destacan que, entre quienes consideran la posibilidad de regresar, predomina una actitud de cautela. El retorno aparece condicionado a cambios profundos en Venezuela, especialmente en materia de economía, seguridad, empleo y transición política.

Este panorama resulta especialmente relevante en el caso chileno, donde el nuevo Gobierno, presidido por José Antonio Kast, ha aumentado la presión para la salida de los migrantes en situación irregular, muchos de ellos venezolanos. Para esa población, quedarse se ha vuelto más difícil, pero la incertidumbre de volver sigue siendo muy grande, según señalan los estudios.

DW conversó con tres venezolanos residentes en Chile, conocedores de la materia y con experiencia directa en el tema. Sus miradas permiten aproximarse —desde la experiencia venezolana— a la complejidad del problema y a posibles cursos de acción.

Chile, al igual que otros países de la región, enfrenta un desafío migratorio derivado del éxodo venezolano de la última década. En menos de diez años, la comunidad venezolana residente en Chile pasó de 83.045 personas, según el Censo de 2017, a 669.400 en el Censo de 2024. Tal como lo han señalado informes de la plataforma R4V, la magnitud y rapidez de ese flujo excedieron capacidades institucionales que no estaban diseñadas para gestionar el ingreso, la permanencia y la integración de una población extranjera de esa escala.

El desafío más sensible para Chile, dentro de este cuadro general, lo constituye la situación de aquellas personas que se encuentran en condición migratoria irregular. Según las estimaciones del Servicio Nacional de Migraciones de Chile (SERMIG) y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), a diciembre de 2023 unas 336.984 personas extranjeras se encontraban en esa condición. De ellas, unas 253.000 eran venezolanas, cerca de un 75 por ciento del total.

En junio de 2023, el Gobierno chileno inició un registro biométrico para identificar a adultos extranjeros que habían ingresado de forma irregular al país. Según la plataforma R4V Chile, unas 182.000 personas acudieron a identificarse ante el Estado; de ellas, 166.000 eran venezolanos, es decir, un 91 por ciento.

Sin embargo, más allá de estas cifras, Mary Montesinos, activista de derechos humanos y directora general de la ONG Proyecto Tepuy, considera que "el problema, más que la cantidad de personas que se encuentran en situación irregular, es cómo se ha manejado la situación", afirma.

Montesinos, venezolana con veinticuatro años residiendo en Chile y al frente de una organización de la sociedad civil dedicada a facilitar la integración social y laboral de la comunidad migrante, especialmente de origen venezolano, sostiene que la llegada masiva de sus compatriotas no era del todo imprevisible. Recuerda que, ya en 2017 y 2018, advirtió a la prensa que, si la crisis venezolana no se resolvía, Chile podía recibir más de medio millón de venezolanos. "Si una persona como yo pudo preverlo, era labor del Estado adoptar medidas de prevención", señala.

Por su parte, el abogado venezolano Luis Manuel Marcano, asilado político en Chile, y miembro del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, introduce otro elemento que ayuda a encuadrar el problema: "Si bien es cierto que el Gobierno chileno tiene el derecho a exigir el cumplimiento de la legalidad y a ordenar sus fronteras", no puede perder de vista que "una enorme parte de la migración venezolana salió huyendo de una tiranía que destruyó instituciones, salarios, seguridad", con un impacto tan profundo que fracturó aquello que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) definió como el "proyecto de vida", explica.

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló en 2018 que muchos venezolanos se vieron "forzados a migrar" hacia otros países de la región como una "estrategia de supervivencia" para preservar derechos básicos como la vida, la salud y la alimentación.

El encuadre de Marcano y la declaración de la CIDH ayudan a entender las difíciles condiciones en las que muchos venezolanos llegaron a Chile, luego de una travesía continental de entre 7.000 y 9.000 kilómetros por tierra.

Para muchos de estos migrantes, según señalan los entrevistados, la imposibilidad de regularizar su estadía en Chile no depende solo de su voluntad, sino de la falta de documentos de identificación vigentes, del costo de los trámites y de la ausencia de canales consulares efectivos entre Venezuela y Chile. Muchos venezolanos "no tienen la posibilidad de acceder a pasaporte, documento de identidad y otros trámites que les piden para poder regularizarse”, insiste Montesinos.

A este respecto, Guarequena Gutiérrez, venezolana y académica de la Universidad del Alba en Santiago de Chile, destaca la disposición de una parte muy significativa de los venezolanos a identificarse ante el Estado chileno, cuando el Gobierno abrió el registro biométrico para adultos en situación migratoria irregular.

La falta de documentos no solo impide regularizarse. También puede bloquear la salida de quienes desean regresar a Venezuela y disponen de los medios económicos para hacerlo. Gutiérrez señala la paradoja de que Chile promueve la salida de quienes se encuentran en situación irregular, pero no siempre se les facilitan las condiciones para hacerlo.

La académica venezolana menciona dos casos que ilustran esta situación: un venezolano de 84 años con cáncer que quiere morir en Venezuela y una mujer embarazada de 29 semanas que necesita viajar antes de que se le cierre la posibilidad de abordar un avión. Ambos carecen de los documentos válidos exigidos por las aerolíneas y los países de tránsito. "¿Cómo obtienes un salvoconducto si no existe un consulado venezolano en el país donde resides?", se pregunta Gutiérrez.

Marcano advierte que la salida de un número elevado de migrantes en situación irregular no es una operación fácil ni inmediata. En Chile, señala el jurista, existen amplias facultades para controlar la frontera y ejecutar expulsiones conforme a la ley, pero esas facultades deben ejercerse bajo cumplimiento del debido proceso.

Ahora bien, desde el punto de vista administrativo y operativo el problema es mucho más complejo, sostiene Marcano: "Ya hay decenas de miles de expulsiones pendientes y otras en trámite, lo que muestra que la capacidad del Estado no alcanza para una ejecución rápida y masiva".

A su vez, Guarequena Gutiérrez destaca la dificultad de aplicar medidas de salida a venezolanos en situación irregular cuando no existen relaciones consulares efectivas entre ambos Estados. Montesinos, por su parte, subraya el elevado costo logístico y las limitaciones de infraestructura para ejecutar una política de salida a gran escala.

Marcano considera que el aumento de la presión estatal no va a resolver por sí solo el problema de la migración irregular venezolana en Chile. "Pueden ordenar algo de la frontera y enviar una señal de autoridad estatal, sí, pero no resolverán el fenómeno mientras Venezuela no recupere la democracia, el Estado de derecho y condiciones mínimas para que millones de venezolanos puedan volver con seguridad y dignidad".

Desde una perspectiva similar, Montesinos sostiene que, frente a la constatación de que miles de venezolanos no ven el retorno a su país como una opción inmediata y prefieren permanecer en Chile pese a la creciente presión estatal, mantenerlos en situación irregular puede producir el efecto contrario al buscado: no necesariamente el retorno, sino una mayor invisibilidad.

Además, advierte que, sin una salida institucional, muchos podrían terminar refugiándose en un "estado paralelo" de trabajos sin contrato, arriendos informales y supervivencia fuera de los canales regulares. Lo conveniente, a su juicio, sería regularizarlos para que "empiecen a trabajar de manera formal, oficial, dentro de una economía que permita que todos esos indicadores económicos beneficien al país".

En este sentido, la evaluación de ACNUR señala que, para quienes decidan permanecer en los países de acogida, siguen siendo esenciales los esfuerzos orientados a garantizar "protección, permanencia legal, documentación e inclusión socioeconómica". Es decir, facilitar retornos voluntarios, informados y dignos no debería sustituir los esfuerzos para regularizar e integrar a quienes, al menos por ahora, seguirán viviendo fuera de Venezuela.

(rml)